Ese mismo día el Congreso de Honduras se reunió de emergencia para designar un presidente sustituto tras haber aprobado una supuesta carta de renuncia de Manuel Zelaya fechada el día jueves 25 de junio. Desde las primeras horas en que se conoció la noticia de la expulsión de Manuel Zelaya la comunidad internacional tuvo claro que tal carta era falsa y que en Honduras se había gestado un golpe de estado. El presidente sustituto designado por el Congreso fue Roberto Micheletti, quien hasta ese momento desempeñaba el cargo de presidente de tal órgano legislativo.
Fue un duro golpe para las democracias en América Latina que poco a poco se recuperan de los constantes golpes militares que tuvieron ocasión en el siglo XX, todo ellos auspiciados y tolerados por la política dictada en Washington. No fue raro entonces que unánimamente todos los estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) desconocieran al gobierno de facto impuesto por los golpistas.
Pero, ¿cómo es que se llegó a tal exabrupto político?
Manuel Zelaya llegó a la presidencia al ganar las elecciones de noviembre de 2005 y fue electo por un período de 4 años que inició en 2006. El partido político que postuló a Zelaya fue el derechista Partido Liberal. Sin embargo, ya en el cargo, el nuevo presidente hizo propias las propuestas de la oposición de izquierda implementando políticas sociales que lo distanciaron con la elite empresarial que lo impulsó en la campaña electoral, pero que le ganaron el apoyo de organizaciones sociales de carácter popular.
También en la política exterior Zelaya dió pasos decididos hacia una política de integración regional independiente de los designios de EUA al signar la Alianza Bolivariana para las Américas.
Durante su campaña electoral de 2005, Zelaya se comprometió a ampliar la participación popular en las decisiones de gobierno. Durante la etapa final de su mandato preparó la idea de realizar un congreso constituyente que además de incluir reformas con sentido social en la nueva constitución, también abrirían la puerta a la posibilidad de que el presidente pudiera reelegirse.
Para ello promovió que en las elecciones de noviembre en las que se elegiría al presidente, a los diputados y a las autoridades locales, se incluyera una urna extra donde se convocaría a un constituyente. En busca de legitimar la existencia de esa cuarta urna, Zelaya promovió una consulta electoral que debería efectuarse precisamente el domingo del rapto de Zelaya. La elite empresarial no estuvo dispuesta a tolerarlo y con el auxilio de las fuerzas armadas no sólo raptó y exilió a el presidente, sino también impidió la realización de la consulta popular.
De manera simultánea, el poder judicial, también afín a los intereses de la derecha, declaró la suspensión de garantías y autorizó los toques de queda con la finalidad de impedir el levantamiento popular.
A lo largo de los meses siguientes al golpe de estado, los medios masivos de comunicación hondureños se han avocado a justificar la actuación del gobierno de facto aludiendo a la supuesta inconstitucionalidad de la consulta popular. Claramente, ya nadie quiere acordarse de la falsa carta de renuncia de Zelaya que en un inicio fue utilizada para justificar el golpe.
Busqué en internet la Constitución Política de la República de Honduras que ustedes pueden también consultar aquí y, en efecto, dice:
"Artículo 239 El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder
Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.El que quebrante esta disposición
o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente,
cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán
inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública."
Ahora que ya nadie toma en serio la "carta de renuncia", los defensores del régimen impuesto gritan a los cuatro vientos el artículo 239. No tengo ningún conocimiento en materia jurídica, pero intuyo que si los golpistas hubieran llevado por la vía legal su impugnación a Zelaya y su proyecto, quizá habrían tenido posibilidades de salirse con la suya.
Claro, no me quedé conforme con leer sólo el artículo 239, y pude confirmar que a todas luces el rapto y expulsión de Zelaya es ilegal porque los siguientes artículos fueron flagrantemente violados:
"Artículo 89 Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su
responsabilidad por autoridad competente."
"Artículo 90 Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las
formalidades, derechos y garantías que la ley establece."
Y ya entrados en la lectura de la constitución hondureña. ¿La consulta popular de Manuel Zelaya no estaría justificada por el siguiente artículo?
"Artículo 2 La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes
del Estado que se ejercen en su representación..."
¿Y el pueblo hondureño no habrá leído lo siguiente?
"Artículo 3 Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen
funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o
procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes
establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo
tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional."
En los meses siguientes hemos visto cómo la OEA ha realizado negociaciones infructuosas para que Zelaya sea restituido en su cargo. También hemos sido testigos de cómo EUA ha mantenido un doble discurso donde ha condenado el rompimieto del orden constitucional de Honduras, pero no ha ejercido ninguna presión sobre el gobierno impuesto. También vimos cómo Manuel Zelaya regresó a Honduras y sorpresivamente se refugió en la embajada brasileña.
A su vez, los golpistas se han apresurado para llevar a cabo, en un ambiente viciado y militarizado, un cuestionado proceso electoral en el que no aceptaron la intervención de observadores internacionales, tal como lo hacen todos los regímenes democráticos del mundo. En tales comicios ha resultado electo presidente el candidato de la derecha golpista, Porfirio Lobo.
Después de las elecciones ha comenzado a romperse el consenso internacional en torno al repudio de los golpistas y no debe extrañarnos que EUA y algunos gobiernos lacayos como el colombiano y el mexicano se apresten a reconocer a Porfirio Lobo como presidente legítimo de Honduras.
Después de todos estos entuertos el saldo para la democracia en Latinoamérica es muy negativo.
Hemos sido testigos de cómo un grupo de oligarcas puede pasar por encima de las legislaciones y las instituciones, y terminar imponiendo su voluntad a las masas. En México vivimos lo mismo en 2006, aunque de manera menos estridente.
Igualmente constatamos que los organismos internacionales como la OEA no tienen mecanismos diplomáticos y legales para hacer cumplir sus resoluciones.
¿Qué conclusiones debemos obtener de este desaguisado?
Personalmente, creo que la respuesta está en que como ciudadanos debemos organizarnos para reformar (¿o reconstruir?) y fortalecer nuestras instituciones democráticas. Sólo con instituciones fuertes se puede hacer frente a los embates de los poderes fácticos, y también con instituciones fuertes se pueden contener las tentaciones caudillistas de cualquier funcionario. Porque, aunque simpatizo con la visión de izquierda de Manuel Zelaya, no puedo cerrar los ojos ante el hecho de que sí existía una pretensión reeleccionista en su actuación política.
Debemos ser capaces de trabajar por proyectos y no por personalidades. Debemos ser capaces de oponernos a la ilegalidad y no temer a la insurrección.
