Hace dos días, el 8 de mayo de 2008, una vergonzosa comisión legislativa declaró que no hay ningún delito que perseguir en contra del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, por haber firmado contratos púbicos a favor de una de sus empresas mientras fue funcionario público, a pesar de que claramente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece:
(artículo 47, fracción XI): “el funcionario deberá abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley le prohíbe”; (fracción XIII) “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”; (fracción XXIII) “abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte…”.
Recordemos muy bien los nombres y los rostros de los diputados cómplices que están legitimando de facto la corrupción gubernamental. Que quede registro de sus actos para ser depositados en el basurero de la historia:
De derecha a izquierda en la foto, Obdulio Ávila (PAN), Armando García (Alternativa Socialdemócrata), el presidente de la comisión, Xavier López Adame (Verde Ecologista), y Miguel Ángel Jiménez (Nueva Alianza, de Elba Esther Gordillo). En la foto no aparecen Antonio Valladolid (PAN) y Raúl Cervantes (PRI), que también convalidaron con su voto la exoneración del bandido Juan Camilo Mouriño.
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